La Santa Inquisicion

En el virreinato peruano, el tribunal de la santa inquisición se estableció durante el gobierno del Virrey Toledo, por real cédula de 25 de enero de 1569. Empezó a funcionar el año siguiente, en 1570. Estuvo a cargo inicialmente de los dominicos y luego por los mercedarios, pero después jesuitas acapararon sus más altas esferas.

La misión de la inquisición no era otra que combatir a los herejes. En este sentido, sus atribuciones eran las mismas que el tribunal inquisitorial de España. Se buscaba, con esto, preservar la religión católica. En un comienzo, su acción no tenia alcance sobre los indígenas; puesto que solo se condenaba herejía; pero, pronto, las atribuciones de esta institución se ampliaron al seguimiento de causas por blasfemia, poligamia, hechicería, idolatría, etc., comprendiendo dentro de sus alcances al elemento nativo. La jurisdicción de la Inquisición limeña se extendía hasta las audiencias de Charcas, Chile y Quito.

Su primera sede fue en la Iglesia de San Agustín. Pero muy pronto el licenciado Cerezuela solicitó la compra de la residencia del oidor Paredes, frente a la Iglesia de la Merced. Algunos años después este recinto dejó de ser ideal porque "la curiosidad limeña" convocaba a demasiados visitantes que, "aguzando oído y vista", trataban de informarse de lo que ocurría en el interior.

En 1584 se le trasladó a la plazuela del Estanque, hoy Plaza Bolívar. Allí se construyeron los Estrados, 12 Cárceles sin comunicación entre sí, Cámara del Secreto con bóvedas de ladrillo (que aún se conserva), Sala del Secreto, Sala de Respeto, Sala de Audiencias, oficinas, casa del inquisidor, habitaciones para un secretario, para el alcaide y para el portero, y una suntuosa capilla con puerta hacia la plazuela misma.

La aplicación de tormentosos castigos corporales eran ejercidos por hermanos de la orden de Santo Domingo, mientras que los de San Juan de Dios se encargaban de cuidar a los enfermos. Este rígido y severo tribunal durante el virreinato peruano envió a la hoguera a 40 personas por herejes, mientras que, en conjunto, con el proceso seguidos por otras causas el número de sentenciados llegó a 371, hasta que dejó de funcionar en 1761. Todo esto desenvolvió un sentimiento adverso al tribunal de la inquisición, tal es así que a su supresión, en 1761, se produjeron manifestaciones de contento popular en el ambiente del Perú virreinal, especialmente en Lima, la ciudad capital.

La postura de la Iglesia católica hoy

En Italia, Galileo Galilei (1564 - 1642) fue obligado por la Inquisición a abjurar de la teoría heliocéntrica, que situaba al Sol en el centro de todo, en contra del dogma eclesiástico que situaba en el centro de la realidad al hombre creado por Dios y la Tierra en que habita. El sistema copernicano podía interpretarse como un simple cambio de sistema de referencia, que simplificaba el cálculo astronómico del movimiento de los cuerpos celestes, sin necesidad de un cambio en la concepción metafísica del mundo, y Galileo fue de hecho invitado en su primera condena (1616) a no hablar del sistema heliocéntrico sino como hipótesis. Sin embargo Galileo, que inauguró la Física experimental y la ciencia en el sentido moderno, insistía en que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un movimiento real, material, lo que era inaceptable para la Iglesia.

El papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores que hubieran cometido los hombres de la Iglesia a lo largo de la historia, así como por haber dejado de hacer el bien necesario en favor de judíos y otras minorías perseguidas. En el caso Galileo propuso una revisión honrada y sin prejuicios en 1979, pero la comisión que nombró al efecto en 1981 y que dio por concluidos sus trabajos en 1992, repitió una vez más la tesis que Galileo carecía de argumentos científicos para demostrar el heliocentrismo y sostuvo la inocencia de la Iglesia como institución y la obligación de Galileo de prestarle obediencia y reconocer su magisterio, justificando la condena y evitando una rehabilitación plena. El propio cardenal Ratzinger (luego Papa), prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo expresó rotundamente en 1990: «En la época de Galileo la Iglesia fue mucho más fiel a la razón que el propio Galileo. El proceso contra Galileo fue razonable y justo».

De esta manera se revalida la posición de que la Iglesia tiene derecho a decidir qué tesis científicas pueden ser defendidas y cuales deben ser prohibidas, y a condenar y castigar a los que defiendan estas últimas. La versión según la cual las acusaciones contra la Inquisición son calumniosas o exageradas empezó con Jacques Mallet du Pan en 1784 y fue reeditada múltiples veces con el beneplácito de la Iglesia católica durante dos siglos, y en esencia dice que Galileo no fue condenado por ser un científico, sino por ser un mal teólogo. Esta tesis es insostenible y falsa, e invierte y subvierte la verdad.